“La dama y las rutas”: crónica de un veredicto en la tierra del sur

Con la colaboración desde Buenos Aires, de Jorge A. Elías

Hubo un tiempo —tan cercano como incómodo— en que el viento de la Patagonia soplaba nombres y contratos, y las rutas no llevaban a ninguna parte. Allí, donde el peronismo duerme con el frío y despierta con la pólvora del poder, una mujer gobernaba con la voz del trueno y el escudo del duelo: Cristina Fernández de Kirchner, viuda y madre de una causa que se convirtió en cruz.

Pero empecemos por el principio, que en esta tierra no es poco:

• Corría el año 2003, cuando un ignoto gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, llegó a la presidencia. Su tierra chica, oxidada de petróleo y silencio, se convirtió en laboratorio del poder. Allí nació Austral Construcciones, y con ella, Lázaro Báez, un simple empleado bancario devenido en contratista imperial. Entre 2003 y 2015, se le adjudicó el 79% de la obra pública vial de la provincia. No por ser el mejor, sino por ser el suyo.
• En 2016, ya muerto el marido y en retirada el poder, empezó a horadarse la cáscara: jueces federales y fiscales comenzaron a revolver papeles. La causa fue bautizada como “Vialidad”, aunque de vial tenía poco y de corrupción, demasiado.
• El relato encontró aire en 2019, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 —conformado por los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso— abrió el juicio oral. La acusación la llevaron adelante dos fiscales tan obsesivos como implacables: Diego Luciani y Sergio Mola. Ellos reconstruyeron una novela de contratos simulados, sobreprecios, obras inconclusas y pagos que pasaban por la política como quien lava el alma.
• En agosto de 2022, pidieron 12 años de prisión para Cristina. No temblaron. Y eso, en Argentina, es casi un suicidio.

La escena se volvió pública, obscena

• Se transmitieron alegatos por televisión, mientras desde los balcones del Senado la acusada —entonces vicepresidenta— clamaba su inocencia con furia litúrgica. No hablaba a los jueces, hablaba a la historia. Y la historia, por entonces, dudaba.
• Pero el 6 de diciembre de 2022, llegó la primera sentencia: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta. La absolvían del cargo de asociación ilícita, y con eso, sus defensores respiraban.
• La causa escaló. La Cámara de Casación Penal revisó el fallo en noviembre de 2024 y confirmó la condena, aunque con el mismo matiz: fraude, no mafia. Los nombres nuevos eran Borinsky, Barroetaveña, Hornos. La maquinaria jurídica seguía girando.

En el año 2025, el 10 de junio, se cerró el círculo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti, selló el veredicto. Rechazaron los recursos, y con una firma sellaron la caída definitiva. La condena quedaba firme. La mujer más poderosa del siglo XXI argentino estaba judicialmente muerta.

El país se fracturó, otra vez

Unos bailaron en la calle. Otros lloraron en las plazas. El presidente libertario, Javier Milei, exultó con un tuit: «Justicia. Fin». Pero no era el fin, era el comienzo del eco. Porque en Argentina, todo veredicto es el reflejo de un espejo partido. Y Cristina, en vez de esconderse, redobló: dijo que era perseguida, que los fiscales no eran fiscales, que los jueces obedecían a los dueños del dinero. Y quizás —como en toda tragedia— algo de razón tuviera.

Pero los mil millones de dólares que no aparecen siguen hablando más fuerte que cualquier discurso. Ahora, en esta tierra donde el barro se mezcla con los votos, la política es religión, y cada juicio, un rito de fuego. La Dama fue juzgada, no por su historia, sino por sus rutas. Y las rutas, al final, conducían al dinero. Y a la memoria.