¡Juro, por esta Constitución y estos Santos Evangelios…!

La repetición casi ritual de escándalos de corrupción en países como Brasil, Ecuador, Paraguay, España, Perú, Francia, Israel, Egipto y Argentina y tantos más, ya no sorprende a nadie.

Es un paisaje tan habitual que resulta difícil recordar un solo año en el que la clase política no haya protagonizado su propio desfile de privilegios. Y no se trata de señalar a tal o cual mandatario, sino de observar que, en la Argentina, incluso una ex presidente de enorme peso político, cuya figura sigue condicionando cada conversación pública, terminó envuelta en la misma telaraña de beneficios, fueros y estructuras especiales que parecen diseñadas para que la cúspide del poder nunca toque el suelo real del país.

Lo que indigna no es solamente la sombra de la corrupción

Sino la distancia obscena entre quienes juran defender la Constitución y las condiciones materiales del pueblo que deben representar.  En Francia, mientras se habla de sacrificios fiscales, las caravanas oficiales atraviesan la ciudad sin esperar un semáforo. En Israel, el tráfico se detiene para que pase un ministro como si fuera una ceremonia. En Egipto, los esquemas de seguridad y privilegios estatales rozan lo faraónico. En Brasil, las comitivas parecen pequeñas procesiones blindadas. Y en Argentina, la vida de quienes han ocupado la cúspide del poder, hasta un expresidente que continúa influyendo decisivamente en la política nacional— se sostiene sobre una red de beneficios y excepciones que ningún trabajador podría soñar.

La narrativa del “sacrificio por la patria” se vuelve un gesto vacío

Cuando, en Ecuador o Paraguay, miles de ciudadanos trabajan jornadas interminables por salarios mínimos, mientras los altos cargos acumulan asesores, choferes, vehículos oficiales, viáticos y dietas que parecen multiplicarse sin límite. En Perú, donde incluso exmandatarios han terminado bajo detención preventiva por orden judicial, queda claro que ni siquiera las crisis institucionales más profundas alcanzan para que las élites revisen su propio menú de privilegios.

La diferencia entre la vida oficial y la vida real es tan extrema que se vuelve insultante.

En Argentina, por ejemplo, donde la inflación castiga todos los días a quienes viven de un sueldo, el andamiaje de beneficios para quienes han ocupado el vértice del poder permanece intacto.  Y cuando llega el momento de la jubilación, la brecha se vuelve abismal. Mientras cualquier ciudadano debe trabajar durante décadas para acceder a una pensión mínima que apenas alcanza para cubrir lo básico, en muchos de estos países —de Francia a Israel, de Brasil a Argentina— los altos cargos acceden a esquemas jubilatorios especiales, vitalicios, blindados. Es una especie de aristocracia constitucional que contradice el espíritu mismo de la democracia.

En esta comparación inevitable, la legitimidad se derrite no por ideología

Sino por sentido común. ¿Cómo confiar en un liderazgo que no experimenta la misma vida que quienes lo eligen? ¿Cómo pedir sacrificios desde una oficina alfombrada en la que ni siquiera entra el ruido del transporte público? Reconstruir la confianza pública exige algo más que discursos épicos: exige desmontar los privilegios que sostienen estas burbujas. Ajustar salarios a la realidad económica. Limitar asesores, viáticos, vehículos. Eliminar jubilaciones especiales. Someter a todos —desde la ciudadanía hasta quienes han ejercido la jefatura del Estado— a las mismas reglas.

Solo cuando los dirigentes  vivan bajo las mismas condiciones que el pueblo al que dicen representar, la democracia empezará, de verdad, a recuperar la dignidad perdida.